- Médicos, pacientes y analistas coinciden en el que esta decisión contribuiría al debilitamiento del sistema de salud.
Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, en el que el Comité de Normalización de la Secretaría de Salud canceló 35 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en la materia, diversas organizaciones civiles, la comunidad médica, especialistas y pacientes han levantado la voz para frenar lo que consideran un debilitamiento del sistema de salud mexicano.
En recientes días, ante el Poder Judicial de la Federación, la asociación Justicia que Transforma México hizo formal una demanda de amparo contra esta decisión del Ejecutivo Federal, en la que la cancelación afectaría el tratamiento de padecimientos y temas prioritarios para la salud pública.
Entre las normas dispuestas a su cancelación se encuentran las referentes al tratamiento de distintos padecimientos como la diabetes mellitus, el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión arterial sistémica, así como la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual y de adicciones, el abordaje integral del cáncer cervicouterino y de mama, y el fomento a la lactancia materna.
Así mismo, las diputadas María Aránzazu Puente Bustindui y Liliana Guadalupe Flores Almazán, en San Luis Potosí, impulsaron un punto de acuerdo que fue turnado a las comisiones para su análisis, en el que hacen un llamado para que el Gobierno Federal replantee la decisión de la cancelación de las normas, al considerar que ésta no contiene una justificación jurídicamente razonable y al vislumbrar una afectación para los ciudadanos.
Por su parte, Fátima Leticia Luna López, directora de Micobacteriosis del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), previo a la noticia oficial de la cancelación de la norma NOM006-2103 referente al control de la tuberculosis en México, indicó que ésta necesitaba una actualización y, ante el desamparo de un marco regulatorio, los médicos tendrían que apegarse a protocolos internacionales que no necesariamente responden a la realidad mexicana.
Como estas voces, diversos especialistas están preocupados por la decisión del Gobierno Federal, ya que las NOM brindan certeza y seguridad jurídica en la atención médica y de diversos servicios de la salud, ya que deben regulan los procedimientos y procesos técnicos específicos con base a lo establecido en la Ley de Salud y tomando en cuenta el riesgo que dichas acciones representan para la salud. Su eventual cancelación atentaría contra el derecho primario a la protección de la salud de las personas.
La molestia no es para menos, ya que las cifras en distintos de estos padecimientos son preocupantes para la salud pública, por ejemplo; de conformidad con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por cada 10 mil mujeres de 30 a 59 años, 1.52 fallecieron a causa de cáncer de mama y 0.88 cervicouterino. La alarma aumenta en aquellas mayores de 60 años donde el tumor maligno de la mama cobró la vida de 4.81 féminas por cada 10 mil de ellas.
Por otro lado, las cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021, revelan que en México 12 millones 400 mil personas padecen diabetes, una enfermedad que afecta diversos órganos primordiales para el ser humano, y que, en su tipo mellitus, cobra la vida de 361 personas al año por cada cien mil habitantes.
Respecto a la hipertensión arterial, padecimiento que también incluye la cancelación de su norma, se sabe que más de 30 millones de personas viven con este padecimiento; es decir, una de cada cuatro y, desafortunadamente, el 46 por ciento lo desconoce, según revela el Gobierno Federal.
En caso de avanzar la cancelación de las normas correspondientes a la salud, también quedaría sin un protocolo claro lo relacionado a enfermedades de transmisión sexual, en este caso el Inegi, detalla que, en 2021, se registraron 4 mil 662 muertes relacionadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), alcanzando una tasa de mortalidad de 3.7 fallecimientos por cada 100 mil personas.
Por ende, la cancelación de las distintas NOM, impacta en la prevención, tratamiento e incluso certeza del paciente sobre su salud, pero, además, potencializa los riesgos en la salud pública. El llamado es a la actuación por protocolo sobre la revisión cada 5 años del estatus de las normas para su optimización y, por el momento, la no cancelación de estos marcos que dan certeza y seguridad a lo más importante del sistema: el paciente.
