- La OMS y el ACNUDH difunden nuevas orientaciones para mejorar la legislación contra las violaciones de los derechos humanos.
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicaron: “Salud mental, derechos humanos y legislación: orientaciones y prácticas”, un compilado en el que se depositan recomendaciones para ayudar a los países a reformar su legislación, con el fin de eliminar las violaciones de los derechos humanos y mejorar el acceso a una atención de calidad a los pacientes de salud mental.
Según informó la OMS, estas orientaciones proponen medidas para que la atención de salud mental se realice con un enfoque basado en los derechos, que incluya una legislación que sustituya progresivamente las instituciones psiquiátricas por sistemas de apoyo comunitario y servicios integradores, como ayudas a la vivienda y redes de apoyo entre iguales.
Además, en las orientaciones emitidas por la OMS y ACNUDH, se propone eliminar las prácticas coercitivas en la atención la paciente de salud mental, como el internamiento sin consentimiento, el tratamiento forzoso, la reclusión y la contención, para respetar el derecho a decidir la atención que van a recibir y sobre su tratamiento.
Asimismo, la OMS señala que cada vez hay más pruebas de que las prácticas coercitivas repercuten negativamente en la salud física y mental de la persona, pues a menudo empeoran el estado de salud y la privan de sus sistemas de apoyo, por lo que las orientaciones proponen una legislación que ponga fin a estas prácticas.
En el documento se reconoce que la salud mental no es responsabilidad exclusiva del sector de la salud, y se apela a todas las instancias normativas y legislativas que intervienen en la elaboración, la modificación y la aplicación de la legislación que afecta a la salud mental, como las leyes que combaten la pobreza, la desigualdad y la discriminación.
La OMS reveló que estas orientaciones incluyen una lista de control para que los países evalúen si su legislación sobre atención a la salud mental cumple las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
