Por Denise Mondragón.
El 9 de enero de 2020, México inició su comunicación oficial sobre la pandemia de COVID-19 y describió sus preparativos nacionales para abordar la enfermedad. El 28 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el primer caso confirmado en el país, identificado como una persona que viajó a Italia.
Fue hasta el 24 de marzo que la Secretaría de Salud (SSa) anunció el comienzo de la Fase 2 por el brote de COVID-19 en México. Ese mismo día, la secretaría lanzó la Jornada Nacional de Sana Distancia, conjunto de acciones continuas que promueven el distanciamiento físico, el aislamiento y medidas básicas de higiene para prevenir la propagación del virus. Inicialmente, el programa estaba destinado a funcionar del 23 de marzo al 30 de abril, pero ahora se extendió hasta el 15 de junio al menos en la Ciudad de México.
El 31 de marzo, se declaró emergencia sanitaria a nivel nacional y fue el 21 de abril cuando el subsecretario de prevención y promoción de salud, Hugo López-Gatell, anunció el comienzo de la Fase 3.
Para inicios de abril, López-Gatell indicó que el número de casos de COVID-19 era mucho más grande que lo informado hasta la fecha a través del sistema centinela, el cual estima la epidemia en el país es ocho veces mayor que los casos confirmados.
El modelo centinela de vigilancia de enfermedades respiratorias, recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2006, fue utilizado para la epidemia de H1N1 en 2009 y ahora fue adoptado para monitorear al COVID-19 en México. Dicho modelo se emplea para conocer la trayectoria de la epidemia a escala nacional, sin capacidad para determinar la situación con precisión a nivel local. Se basa en una muestra de 475 unidades de atención primaria representativas del sistema nacional de salud en todos los niveles de atención, que envían muestras de laboratorio tomadas de pacientes con enfermedad respiratoria grave a laboratorios estatales para confirmar los diagnósticos presuntivos.
Sobre el uso de pruebas rápidas en el país, López-Gatell explicó que México está utilizando la reacción es cadena de la polimerasa (PCR) para detectar el virus, método de prueba estándar recomendado por la OMS. Hizo hincapié en que el método de PCR es utilizado por la mayoría de los países, incluidos Alemania y Canadá, y que estos dos países no emplean pruebas rápidas.
De acuerdo con el doctor Jaime Sepúlveda, el costo de las pruebas varía de acuerdo con el tipo de prueba y en donde se ejecute (sector público o privado). En México, al IMSS le cuesta 600 pesos el material para cada prueba genómica. La mayoría de sus pruebas las envía a laboratorios privados, con un costo de 1,660 pesos por prueba.
El 2 de abril, López-Gatell confirmó que México no utilizará pruebas rápidas para COVID-19 a menos que sean aprobadas por las autoridades sanitarias internacionales. Las autoridades reconocieron que el sistema de salud tiene un presupuesto para el año fiscal 2020 de más de mil millones de pesos. Además, de un total de más de 15 mil millones de pesos que fueron destinados para apoyar los programas de respuesta contra el COVID-19 en los estados. Hasta este momento, la cifra de casos confirmados asciende a 90 mil 664, con 16 mil 962 casos activos y 9 mil 930 defunciones.
Fotografía: Polack. Bajo licencia de Adobe, 2023.
